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Los agresores que proclaman ser víctimas | Por Alfredo M. Cepero

23/08/2018 8:03 AM

Alfredo Cepero

Cubano en el exilio, poeta, articulista. Secretario General del Partido Nacionalista Democrático de Cuba y Director del portal La Nueva Nación.Veterano de la Brigada 2506 de Bahía de Cochinos y del ejército de EE.UU.

Ya sabemos que los opositores de Donald Trump no están interesados en la justicia ni conocen el término medio. Si este hombre llegara a descubrir una cura contra el cáncer lo acusarían de haberse demorado demasiado. En la última andanada de vituperios le niegan no sólo el derecho de defender su buen nombre sino de cumplir su obligación como presidente de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta ola de difamación ha sido desatada por la decisión de Trump de suspender la "certificación de seguridad" (security clearance en inglés) a un grupo de funcionarios que estaban abusando de ella. Es importante que quede bien claro que esta certificación no es un derecho sino un privilegio sujeto a las necesidades y garantías de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Pero, tomando una página del agitador profesional Saul Alinsky, los agresores del presidente le dedican todo tipo de improperios y se proclaman víctimas del ogro que usurpa la Casa Blanca. Lo califican de vengativo hacia gente que nunca ha escondido su odio visceral contra él, de tener una lista de enemigos como la de Richard Nixon, de dividir a la sociedad norteamericana, de atentar contra sus instituciones democráticas y de ignorar la división de poderes de una república constitucional. La réplica americana de un déspota de tribus africanas o de republicas bananeras.

Pasemos una revista somera a la forma en que la judicatura norteamericana describe y define el privilegio de la "certificación de seguridad". Según el Departamento de Estado, "el individuo que la recibe debe tener una historia personal y profesional de lealtad a los Estados Unidos, integridad de carácter, honestidad, inspirar confianza, discreción y equilibrio de juicio". Lamentablemente, la casta gobernante que se considera dueña de la nación y de sus beneficios, se niega a renunciar a sus privilegios. Muchos funcionarios que cambian sus cargos en el gobierno por posiciones más lucrativas en la empresa privada se aferran a sus "certificaciones de seguridad". Esto los hace más deseados y mejor remunerados. De hecho, más de 5 millones de americanos tienen "certificaciones de seguridad". Un número superior a toda la población de Noruega.

Ahora bien, las "certificaciones de seguridad" no son un privilegio permanente sino están sujetas a re-certificación cada 5 años. Por otra parte, en la mayoría de los casos, las personas que cesan en sus posiciones gubernamentales pierden ese privilegio. La excepción ha sido la de altos funcionarios de organismos gubernamentales como la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina de Inteligencia Nacional, así como asesores presidenciales de alto nivel.

Tradicionalmente, estos ex funcionarios asesoraban a sus sucesores en circunstancias de especial interés y, muy importante, se inhibían de expresar opiniones sobre temas políticos. En la época de Allen Dulles, Richard Helms o James Colby habría sido impensable que un director de la CIA calificara de traidor al presidente de los Estados Unidos. Esa especie de "pacto de caballeros" fue echado por la borda por el maledicente de John Brennan.

Después de la entrevista en Finlandia entre Trump yPutin, este personajillo cegado por el odio calificó el desempeño del presidente como una 'traición' y dijo que sus comentarios habían sido los de un 'imbécil'. Para aumentar la parada, dijo que Putin tenía a Trump en un bolsillo. Repitamos estos insultos para captar mejor su absoluta falta de respeto. El presidente electo legalmente por el pueblo de los Estados Unidos es, según Brennan, "un traidor, un imbécil y un cobarde". No puedo imaginar un ataque más personal e insultante que este.

Pero los orígenes de Brennan explican estas vulgaridades. Este es el fanático de izquierda que, en 1976, voto por Gus Hall, candidato a la presidencia por el Partido Comunista de Estados Unidos. Este es el oportunista que escondió su militancia comunista para ser contratado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en 1980. Este es el enemigo solapado del capitalismo que fue encumbrado por Obama al cargo de Director de la CIA para cambiar radicalmente a la sociedad norteamericana y su percepción en el mundo. No hay que abundar en esta trama de maldad y vitriolo.

No debe, por lo tanto, extrañarnos que Donald Trump haya decidido suspenderle su "certificación de seguridad". Desde luego, Brennan ha sido el peor pero no ha sido el único. La lista es larga porque numerosos son los funcionarios dejados atrás por Obama que forman filas en el "estado clandestino" (deep state en inglés) empeñado en descarrillar la labor exitosa del Presidente Trump.

Un estado clandestino que esconde informaciones para proteger la misión alevosa de Robert Mueller y su banda de demócratas encolerizados. Gente tan carente de ética como lo han sido Michael Hayden, James Comey, Andrew McCabe, Susan Rice. Peter Strzok, Lisa Page, Sally Yates, Bruce Ohr y James Clapper. Y no tengamos la menor duda de que, en los próximos días, Trump agregará otros nombres a esta lista sobre drenaje del pantano.

Tomando en cuenta la brevedad de un artículo de esta naturaleza, mencionaré los casos más egregios de violaciones de la ley. En marzo de 2013, James Clapper, por entonces Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, mintió ante el Senado cuando dijo que su agencia no había espiado a millones de ciudadanos norteamericanos. En julio de 2016, James Comie, en su calidad de Director del FBI, exoneró de toda responsabilidad a Hillary Clinton en la destrucción de 33,000 correos electrónicos sin siquiera haberla interrogado bajo juramento. Temprano en 2017, Sally Yates, Secretaria de Justicia suplente, fue despedida por Donald Trump por su negativa a implementar una orden del presidente sobre prohibición de viaje de musulmanes residentes en países con historial terrorista.

Por otra parte, los casos de Peter Strzok, en el FBI y Bruce Ohr en el Departamento de Justicia, denotan hasta qué extremo los ideólogos se han apoderado de la burocracia federal. Cuando aparecieron indicios de un posible triunfo de Donald Trump, Peter Strzok envió un mensaje a su amante Lisa Page estipulando que llegaría al extremo de poner en vigor una póliza de seguro para impedir su acceso a la presidencia. Bruce Ohr, cuarto funcionario en el Departamento de Justicia y su esposa Nelly, empleada de Fusion GPS, la firma que creó el ominoso informe sobre conspiración de Trump con los rusos, mantuvo contacto directo con el espía inglés Christopher Steele, en violación flagrante de las leyes y regulaciones de su departamento.

Cierro aplaudiendo la solución drástica puesta en marcha por el presidente. Contra todas las críticas de sus enemigos y advertencias por parte de sus amigos de que está cometiendo un error, Trump sigue siendo Trump. Ha decidido cortar por lo sano. Los agresores que proclaman ser víctimas incluidos en esta lista y otros que vendrán después verán suspendidas sus "certificaciones de seguridad". Pierden su tiempo los demócratas en el Congreso que preparan un proyecto de ley para atar las manos al presidente. Ellos lo saben pero actúan en función partidista y con la mira en las parciales que se avecinan. Porque la ley está del lado del presidente.

Las firmas de abogados de Henault & Sysko y de Bigley Ranish, ambas especializadas en asuntos de "certificaciones de seguridad", han declarado que: "según precedentes establecidos hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo, la autoridad del presidente en cuestiones de certificación de seguridad es al mismo tiempo constitucional y plenaria. No existen antecedentes legales que impidan que el presidente, en forma unilateral, conceda, niegue o revoque un certificado de seguridad". Muerto el perro se acabó la rabia.