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#EntrevistaCabilla con William Cárdenas: Luisa Ortega tampoco se salvará de La Haya

COmo en las corridas, no se sabe quien matará al toro. Pero si sabemos que el toro no sobrevive al final. Esta por verse aún mucha faena, pero la estocada ¿Cuándo llegará? 18/02/2018 7:01 AM

Equipo Cabilla

El Equipo Cabilla realiza trabajos especiales, de investigación y análisis.

Abogado, diplomático y torero. Con cualquiera de esas tres ocupaciones que William Cárdenas muestra en su presentación personal, podría pensarse que tiene como ser un verdugo del chavismo. Su vocación taurina, inculcada por su abuela andina, la desarrolló en los ruedos hasta los 59 años, cuando ajustició a su último toro, a pesar de haber detenido su carrera profesional al ser víctima de una cornada que lo sacó de las plazas pero lo llevó a las aulas, donde se graduó de abogado e internacionalista. De San Cristóbal, llegó a España a torear a los 18 años y, gracias a la travesura de un empresario español al que le habló del río Torbes, terminó bautizado como “El Torbellino Cárdenas”, remoquete de impacto en los carteles que no veían muy atractivo su nombre de pila.

Hoy, a sus 66 años, como abogado, puede acusar, y ha acusado, a un régimen violador de los Derechos Humanos en cualquier tribunal que se le ha puesto en el camino. Como diplomático, conoce bien los resortes que la comunidad internacional activa en defensa de los DDHH cuando corresponde hacerlo, en los casos extremos que se desarrollan en el mundo desde que se impuso el pudor internacional ante barbaridades contra la humanidad, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el chavismo, pasando por Camboya, Yugoslavia, Liberia, y lo que falta por ver, en el reino de la ruindad que son Siria, Irak, Irán y los confines más oscuros de nuestro planeta.

Pero perseguir al chavismo en un mundo que ve a Latinoamérica como el terreno de lo posible y de lo aguantable, es tanto como torear a un miura en el ruedo más exigente. Por años a Hugo Chávez se le presentó como ejemplo de redentor de los pueblos y no como un criminal contra el pueblo. Aún hoy, en la Europa encantada de ver hombres fuertes y excéntricos gobernando siempre que no sea en Europa, hay reivindicadores del legado de Chávez, de su ejemplo y su supuesta lucha. Pero encontrar quien hable del asesinato de cientos de manifestantes desarmados ordenado por Chávez el 11 de abril de 2002, o los saqueos y desmanes ordenados y amparados por bandas armadas del chavismo el 13 y 14 de abril de ese mismo año, es casi imposible. Toda la izquierda progre mundial recuerda a Chávez llamando “diablo” a Bush en la ONU, pero nadie lo recuerda como promotor de grupos paramilitares armados contra la población, llámense “Círculos Bolivarianos” o “Colectivos”. Y contra ese visión, contra ese toro de casta innoble han tenido que enfrentarse quienes se han ocupado de denunciar los crímenes del chavismo y de Chávez personalmente.

“El Torbellino Cárdenas” dio el paseíllo por todas las plazas jurídicas de Europa por donde pudo pasar. Sin el traje de luces pero iluminado por una idea: tratar al régimen chavista como una banda criminal y llevarlos a juicio. La Audiencia Nacional de España, lo vio llegar tan temprano como en 2003 con pruebas y acusaciones sustentadas. Fueron las banderillas iniciales. Casi 16 años lleva el desgastado buey comunista sangrando y haciendo sangrar, llevándose por el medio a toreros y banderilleros. La estela de sangre del chavismo amenaza con superar ya las fronteras nacionales. Y el mundo no tiene más remedio que voltear a ver y tomar cartas en el asunto.

Durante años se ha hablado de acciones contra el régimen chavista en la Corte Penal Internacional de La Haya, sin que hubiese ninguna acción concreta como ahora. ¿Qué ha cambiado para que se haya volteado la mirada desde La Haya hacia Venezuela?

- Efectivamente, las circunstancias han cambiado y nada tienen que ver con las que existían el año 2003 cuando presentamos la primera querella contra Hugo Chávez y 25 de sus más cercanos colaboradores ante la Audiencia Nacional española. Ahí buscábamos activar la jurisdicción universal en situaciones de violación a los derechos humamos. El caso Pinochet era relativamente reciente y se abría una opción. Ese fue un primer intento, concretamente ante el magistrado Fernando Andreu Merelles, titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional que, si bien decidió inadmitir el caso en España aplicando la doctrina de Inmunidad de Jurisdicción, reconoció la gravedad de las denuncias y acordó remitir el caso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En esos años, acababa de entrar en funciones la Corte Penal Internacional, por ello, esta era una tarea audaz. Era una institución novedosa.

Por supuesto, nos motivaba la convicción de lograr el acceso a la justicia de las víctimas, y poner en marcha a una nueva jurisdicción internacional. Sin embargo, hacer que arranque una institución de este tipo lleva años. Sólo fíjense lo que tardó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en activarse con un número considerable de casos, pasaron décadas. O fíjense en las estadísticas de casos de arbitraje internacional de inversionistas contra Estados ante el CIADI en el Banco Mundial, tardó prácticamente 35 años. Activar jurisdicciones internacionales es un proceso largo. Cuando hicimos los primeros intentos la CPI apenas estaba dando sus primeros pasos, sin doctrina propia, ni jurisprudencia, y dependiendo de un Tratado Multilateral y una Asamblea de Estados Parte que le marcaban el rumbo. Como internacionalista, como abogado, y como diplomático retirado con experiencia en asuntos multilaterales era consciente que esto iba a llevar mucho tiempo. Pero era una cuestión de cuándo nos iban a escuchar, no de si nos tenían que escuchar, ya que el bloqueo del acceso a la justicia se daba en varios niveles. Existía el bloqueo de los tribunales nacionales, controlados por el gobierno. Pero también se bloqueaba la justicia internacional. Recordemos la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la inacción de la CPI. Todo esto llevó al gobierno a sentirse impune y a recrudecer su violencia. Así pasamos del "Echen gas del bueno", a la represión del 2014, 43 víctimas, y a la del 2017, con más de 143 víctimas, sin por su puesto presentar un número de las víctimas de la inseguridad y la crisis humanitaria que superan los cientos de miles.

Otro obstáculo es que los crímenes que se someten a su conocimiento son de tal gravedad y carácter que hacen difícil su investigación. Esto se debe a que generalmente las personas señaladas como culpables son jefes de estado, ministros o altos funcionarios civiles y militares, lo que se convierte en un obstáculo añadido en contra de las expectativas de activar este órgano de la justicia. A esto hay que añadir que entre los años 2003 y 2013, la petrodiplomacia había sembrado aliados en todo el mundo, en particular en América Latina. No existía la atención que hay ahora.

Además, el primer Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, abrió denuncias a examen preliminar y las desestimó en una primera oportunidad en el 2006. Jamás atendió nuestras demandas para encontrar un canal de justicia imparcial. Sin embargo, ha sido este recorrido el que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy.

Ahora está ocurriendo todo lo contrario. El escenario geopolítico es distinto. La Comunidad Internacional se ha involucrado, ya sabe lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela, y se ha solidarizado con nuestro pueblo en su afán de lucha por recuperar la libertad y desalojar al régimen opresor y violador de derechos humanos.

Cuando la sustituta de Moreno Ocampo, Fiscal Fatou Bensouda asumió el cargo el año 2012, era que teníamos que cambiar la estrategia, porque el problema no era sólo jurídico sino también político. Fue entonces, que ante su resistencia a atender las denuncias que le presentamos por los hechos del año 2014, decidimos empezar buscar el apoyo de organismos multilaterales como el Parlamento Europeo (PE) y ante otras autoridades del sistema de Naciones Unidas que velan por el respeto a los derechos humanos. Esto ha ayudado a incrementar la atención sobre los casos. Otro ejemplo lo pueden ver en el caso de los trabajos en la OEA llevados adelante por el Secretario General Luis Almagro. Bajo esta nueva estrategia, en el año 2016 denunciamos ante el PE la negligencia e irresponsabilidad de la propia Fiscalía de la CPI, y pedimos se la instara a iniciar la investigación de nuestras denuncias.

Esto es justamente lo que acaba de ocurrir, la Fiscal ha iniciado el examen preliminar el mismo día que el Parlamento Europeo dictaba una Resolución en la que, además de sancionar al Presidente, Vicepresidente, Ministro de la Defensa, Alto Mando Militar, sus familiares y allegados, la resolución le pide expresamente a la Fiscal Fatou Bensouda, que inicie la investigación de los crímenes ocurridos en Venezuela, y solicita que la Unión Europea tenga un rol activo en este proceso.

Hoy podemos decir que los ojos de la Corte Penal Internacional y de la Comunidad Internacional están puestos sobre los altos funcionarios civiles y militares del régimen. Antes sólo teníamos la mirada de los “Ojos de Chávez” en esas pintadas opresoras regadas por las calles y esquinas de Venezuela.

Y ya hemos visto la primera reacción oficial, pues ante el anuncio de la CPI, el Fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, ha declarado que “el Presidente Maduro no había ordenado disparar, y que quien haya cometido crímenes tendrá que responder personalmente de su conducta”. Es decir, la Revolución no pagará la fidelidad de los funcionarios que han cumplido estas órdenes manifiestamente ilegales. La Revolución los abandonará y entregará si es necesario, para salvar la cúpula del régimen. Es raro que la declaración de Saab no haya provocado más ruido, o haya sido aprovechada. Saab declaró un "sálvese quien pueda" que debería comenzar a generar fracturas dentro del régimen.

Para nosotros el anunció de la CPI ha sido algo positivo siempre que se maneje con la importancia que encarna. Sin embargo, es un trabajo que seguirá enfrentando obstáculos.

¿Por qué el anterior fiscal Luis Moreno Ocampo se mantuvo al margen de cualquier investigación sobre Venezuela?

- Lamentablemente el Estatuto de Roma adolece de algunos fallos que tendrán que ser corregidos en el futuro por la Asamblea de los Estados Parte. Una jurisdicción universal tan ambiciosa, que pretende dar solución a los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en por lo menos más de 123 países que han ratificado el Estatuto, no puede dejar en manos de una única persona el monopolio de la acción penal. Esa alta función debería estar en manos de un cuerpo colegiado de cinco (5) fiscales, uno en representación de cada continente. Aparte de las denuncias que puedan impulsar de los Estados Parte, (hasta ahora no se ha producido ninguna) o del Consejo de Seguridad de la ONU, que sólo ha impulsado dos, el mayor contingente de denuncias son canalizadas ante la Fiscalía de la CPI, en donde el Fiscal toma las decisiones sobre si inicia o no las investigaciones. Allí se nos atravesó Luis Moreno Ocampo, fiscal argentino que bloqueó todos nuestros intentos de lograr abrir las puertas de esa jurisdicción, la mayor parte de las denuncias las ignoró y cuando inició un examen preliminar, (años 2004 y 2008) los desestimó. Poco a poco hemos podido conocer las razones que explicaban mejor su conducta, entre ellas sus vínculos con el Kirchnerismo, que lo promovió al cargo, y más recientemente, las noticias sobre su admiración por Haiffa El Aissami, hermana del Vicepresidente venezolano Tarek El Aissami, embajadora venezolana en La Haya.

Se habla de una revisión de los casos de violaciones a los DDHH desde 2017. ¿Qué pasa con los casos anteriores?

- La declaración de la Fiscal Fatou Bensouda en la que anuncia el inicio de un examen preliminar sobre el caso Venezuela evidencia que se basó en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los crímenes ocurridos en Venezuela durante las protestas ocurridas entre abril-julio de 2017.

No obstante, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la Fiscalía de la CPI está obligada a reabrir los casos anteriores, si se presentan hechos o pruebas nuevos con información en relación con aquellas situaciones. Esto lo dice tanto el Estatuto de Roma, como la propia decisión sobre el primer examen preliminar del Caso Venezuela de 2006. De allí la gran importancia del nuevo inicio del examen preliminar del Caso Venezuela pues, este es el momento en el que quienes tengan información o pruebas sobre los crímenes ocurridos puedan aportarlas y señalar a los responsables. La ocasión es única para las víctimas para denunciar las actuaciones de quienes han violado sus derechos humanas ejerciendo una violencia extrema. También es el momento para desvelar la conducta de muchos, funcionarios o no, que han actuado desde las instituciones o en complicidad con estos, en la utilización de los poderes públicos, judicial, ejecutivo y legislativo, para dotar al régimen de una estructura de crimen e impunidad. Si se hacen las cosas bien, tenemos oportunidad de revisar todo el prontuario criminal del régimen y colocar, por lo menos a los máximos responsables de esos hechos, en el banquillo de La Haya.

¿Cuáles cree usted que son las peores violaciones a los DDHH presentadas en estos 20 años de chavismo? ¿Cuál en su opinión es la acusación inapelable de la que el régimen no podría salvarse?

- El 11 de abril del 2002 ya conocimos que los hechos ocurrían no por casualidad, sino por la sincronización de una estrategia de utilización del uso excesivo de la fuerza que emanaba de las más altas esferas del poder, en el que civiles y militares se coordinaban para producir determinados resultados, utilizando armas letales, para aterrorizar a la población e impedir la protesta del opositor político. Todos nos quedamos impactados con aquel audio en el que “Águila 1” movilizaba a oficiales de las Fuerzas Armadas para impedir que la manifestación llegara a Miraflores, y también con las imágenes de Puente Llaguno, desde dónde civiles afectos al régimen disparaban contra los manifestantes. Todo estuvo y está planificado. Así ha seguido ocurriendo durante 15 años y los responsables, civiles y militares, han gozado de la más absoluta impunidad. Nos corresponde ahora identificar quienes han adoptado estas conductas criminales en contra del pueblo venezolano. Y como señalé antes, es el momento de revelar esa red de complicidades instalada en los poderes públicos, empresas del estado e instituciones. De hecho, durante las protestas del año 2017, la represión funcionó obedeciendo a una estrategia política que ya ha sido conocida, descubierta y denunciada.

Especial importancia tiene el inicio de este examen preliminar para el estamento militar, pues el Estatuto de Roma es especialmente riguroso en cuanto al establecimiento de la responsabilidad de jefes y superiores por los crímenes cometidos por sus subordinados. Los cuerpos de seguridad practicaron auténticas masacres, asesinatos, persecución, lesiones graves, malos tratos, torturas, todos crímenes de lesa humanidad cuando responden a una política de estado dirigida contra sectores de la población civil perfectamente identificados y con conocimiento de dichos ataques. En múltiples casos actuaron bandas armadas en coordinación con los cuerpos de seguridad.

Recientemente, ha tomado cuerpo el delito de exterminio, que ha consistido en la imposición intencional de condiciones de vida, como la privación del acceso a alimentos o medicinas, que han causado un daño terrible en una parte de la población civil. El régimen ha impedido la ayuda humanitaria y le costará mucho defenderse de semejante crimen. Han utilizado un sistema de dádivas (CLAP) para repartir alimentos a cambio de la fidelización política de los más necesitados, en un auténtico y perverso mecanismo de terrorismo alimentario.

¿Por qué la dirigencia política venezolana no actuó en todos estos años ante La Haya sobre todas estas violaciones?

- La oposición política venezolana ha estado muy entretenida pensando en que el único camino para salir del régimen era el electoral, por lo cual desestimaron estas iniciativas y nunca buscaron compromisos con quienes hemos estado asumiendo este reto durante tantos años. A la vuelta de los años los hechos nos han dado la razón. Nos enfrentábamos a un régimen criminal, de carácter complejo, que ha actuado en la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano, pero también en otros espacios del crimen organizado transnacional como en el narcotráfico, la vinculación con el terrorismo internacional y los delitos económicos de corrupción, lavado de dinero y capitales.

Algunos miembros del liderazgo opositor erraron en el diagnóstico y nunca pensaron que esto podría tomar una deriva delictiva de tal magnitud. Además, su actuación no se ha caracterizado justamente por la elaboración de estrategias unitarias que pensaran en la necesidad de buscar alternativas de justicia para atender, antes o después, la investigación de estos delitos, razones estas por las que creemos se ignoró nuestro esfuerzo.

¿Cuál cree usted que es el motivo de la presencia de Baltarzar Garzón en Venezuela recientemente? ¿Cree usted que tenga alguna vinculación con la defensa del régimen ante tribunales internacionales?

- Baltasar Garzón es muy amigo de Luis Moreno Ocampo, y éste fue el jefe directo de la Fiscal Fatou Bensouda durante su período de 9 años al frente de la Fiscalía de la CPI. Sería muy lamentable que estos vasos comunicantes hayan funcionado para que a través de la embajadora Haiffa El Aissami se conociera en Caracas la decisión que tomaría la Fiscal. Aunque Garzón en otra ocasión ha viajado a Caracas, concretamente a Margarita para atender otros asuntos profesionales, puede haber ocurrido que en esta oportunidad haya sido llamado para recibir el encargo de la defensa de altos personeros del régimen, incluido Nicolás Maduro, ante el eventual inicio de una investigación en la CPI, que termine comprometiendo su responsabilidad y la de algunos de sus más cercanos colaboradores, en graves crímenes de lesa humanidad.

Si se filtró información desde la CPI en este sentido, debería abrirse la investigación correspondiente, pues una de las obligaciones más estrictas de los funcionarios de la Corte es la de mantener la confidencialidad de toda la información que manejan y de sus actuaciones, cuya violación es considerada una falta grave que podría daría lugar a un procedimiento sancionador que puede concluir en la separación del cargo del funcionario responsable.

En su opinión ¿Cómo tratará la CPI a Luisa Ortega Díaz en una acción que juzgue las violaciones a los DDHH en Venezuela?

- Por lo que hemos visto, la fiscal Ortega está intentando cooperar con la CPI. Ha presentado una denuncia aportando documentos muy importantes para esta investigación, que obviamente formaban parte de procedimientos que el Ministerio Público había puesto en marcha, entre los cuales se encuentran actas de defunción, informes forenses, actuaciones de las policías científicas, testimonios y muchos más que pueden ser muy útiles y demostrativos del carácter sistemático y generalizado de los crímenes cometidos. Estos son documentos a los que difícilmente otro denunciante tenga acceso. Pueden haber ahí documentos útiles para el estudio de los casos ya que la responsabilidad penal compromete tanto a quienes los ordenaron, como a los cuerpos de seguridad del estado que los ejecutaron.

Ahora bien, también tendrá que depurar su responsabilidad por la acción u omisión en que haya incurrido en casos emblemáticos de esta represión política ejercida por el régimen chavista durante muchos años, en los que ya hay serios señalamientos de que las instrucciones emanaban desde las más altas esferas del poder, con órdenes ilegales precisas, que eran cumplidas por una cadena de mando. El Estatuto de Roma no excluye la responsabilidad de los subalternos en el cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegales. La fiscal Ortega emplea una estrategia de colaborar con estas causas. Si se hubiera quedado en Venezuela ahora mismo estaría presa, en el mejor de los casos, por desmarcarse del régimen. Tendrá la ocasión de defenderse ante un organismo internacional. Por otro lado, también ahora la Fiscal Bensouda, deberá resolver el dilema de si solicita colaboración de la Fiscal Ortega o del Fiscal Tarek William Saab. Ese es uno de los dilemas de este caso, que veremos cómo lo resuelve la CPI.

 

Al ruedo de La Haya llegó la faena. Años de persecución al chavismo en tribunales al parecer han llegado al capítulo final. Más juristas se interesan, políticos se toman el caso como bandera y víctimas y sus familiares guardan la esperanza de ver desde la grada al toro derribado, sin rabo y sin orejas. Ya no hay un solo torero en la plaza, el toro tiene quien le de lidia.

Pero ya el matador lo advierte: aún no ha llegado el momento de la ultima estocada. Queda faena. Pero por primera vez, el toro acusa cansancio. No le pierdan la vista al capote ni al torero, que ya el pasodoble adivina el desenlace.